La inflación se desaceleró, pero la estabilización y la mejora del bienestar siguen siendo desafíos pendientes. ¿Qué resultados concretos recibió la sociedad a cambio del sacrificio?

Cr. Álvaro E. Sierra – Especialista en Finanzas Públicas y Privadas
El dato de inflación de octubre de 2026, del 2,2% mensual, obliga a una reflexión más profunda que la celebración de un indicador aislado. Después de alcanzar el 3,4% en marzo, la variación de precios descendió hasta el 1,7% en agosto, pero volvió a subir al 1,9% en septiembre y al 2,2% en octubre. El problema no reside únicamente en estas oscilaciones: reside en la distancia que todavía separa a la Argentina de una verdadera estabilidad económica.
Desaceleración no es estabilidad
Durante el segundo semestre de 2024 se consolidó una desaceleración inflacionaria que merece reconocerse. Sin embargo, bajar de una inflación del 10% mensual al 3% o al 2% no significa que los precios se hayan estabilizado: significa que continúan aumentando, aunque a menor velocidad. La estabilidad exige tasas bajas, sostenibles y previsibles, compatibles con una moneda que permita ahorrar, invertir y planificar.
Una inflación mensual del 2,2%, sostenida durante doce meses, equivaldría a aproximadamente el 29,8% anual compuesto. El registro interanual de octubre fue del 33,1% y la suba acumulada en los primeros diez meses alcanzó el 26,3%. Son cifras que muestran cuánto falta recorrer. La desaceleración es un avance macroeconómico; convertirla en sinónimo de estabilización es confundir dos objetivos distintos.
El ajuste y la distribución de sus costos
El Gobierno sostuvo que el ajuste fiscal y las restricciones monetarias eran indispensables para ordenar las cuentas públicas y crear las condiciones de un futuro mejor. El equilibrio fiscal es necesario: ningún país puede sostener indefinidamente desequilibrios sin consecuencias. Pero la discusión decisiva es cómo se logra, quién soporta el esfuerzo y qué obtiene la sociedad a cambio.
No es lo mismo reorganizar el Estado, eliminar privilegios y mejorar la eficiencia que recortar prestaciones, paralizar inversiones y trasladar restricciones a jubilados, trabajadores, provincias y municipios. La promesa de que el costo recaería sobre la llamada “casta” debe contrastarse con las partidas efectivamente ajustadas y con sus consecuencias. Un superávit fiscal no basta, por sí solo, para demostrar que se está construyendo un país mejor.
