A pocos días del 25 de mayo, donde hay muchas expectativas sobre la posibilidad de arribar al denominado “Pacto de Mayo” convocado por el Gobierno Nacional, la incertidumbre crece día a día sobre la posibilidad de su efectiva concreción.
El primer obstáculo que tiene el oficialismo es la aprobación por parte del Senado de la denominada Ley Bases, que es una condición que el mismo Gobierno Nacional ha fijado como “sine qua non?” para la suscripción de dicho pacto.
Sobre este tema, existen muchas versiones divergentes respecto de si el gobierno cuenta o no con los votos necesarios para dicha aprobación. Por lo tanto, el final está abierto y habrá que esperar a que el Senado se expida sobre el particular.
¿En qué consiste el denominado “Pacto de Mayo” y cuál sería su finalidad?
El mismo se centra en 10 ejes, que son:
- Inviolabilidad de la propiedad privada,
- Equilibrio fiscal,
- Reducción del gasto público del 25% del Producto Bruto Interno (PBI).
- Libertad individual y la autonomía de los ciudadanos,
- Respeto a la Constitución Nacional,
- Seguridad jurídica y lucha contra la corrupción,
- Promoción de la inversión y el empleo,
- Fomentar un. Educación de calidad y formación integral,
- Federalismo y descentralización, y
- Transparencia y acceso a la información pública.
Si bien muchos de estos puntos se tratan de cuestiones que ya están consagradas en nuestra propia Constitución Nacional, el Pacto de Mayo no deja de ser muy importante, ya que el hecho fundamental es que se pueda lograr el consenso entre el Gobierno Nacional y los gobernadores.
Esto podría marcar un punto de partida hacia la tan anhelada unión nacional, dentro de un país estable, previsible y con instituciones sólidas y confiables, que pudiera dar lugar en el futuro a las reformas estructurales de fondo que el país realmente requiere.
¿Puede compararse el Pacto de Mayo con el Pacto de Olivos?
El Pacto de Olivos trajo aparejada una reforma constitucional (1994), cuyas aspiraciones en muchos aspectos no coincidieron con los resultados. Así una reforma constitucional que anunció una gran cantidad de derechos, que en la práctica no se reflejó en que hoy ni los indigentes, ni los pobres, ni los trabajadores informales, ni los excluidos pudieran gozar de la concreción de tales derechos. A modo de ejemplo, podemos mencionar el Derecho a la vivienda que no se condice con la enorme cantidad de argentinos que tienen muchas dificultades no solo para acceder a la vivienda propia, sino que incluso para alquilar o viven en situación de calle.
Si bien el Pacto de Mayo no tiene el propósito de una reforma constitucional (como si lo tuvo el Pacto de Olivos), para el Gobierno Nacional se trata de “un nuevo contrato social” (con eje en diez políticas de Estado), que estará sujeto a la aprobación de la Ley Bases, y a un nuevo Pacto Fiscal de alivio para las provincias.
Es decir que este nuevo Pacto aspira a establecer un “nuevo orden económico argentino”, que pretende encaminar las políticas en una dirección que podríamos entender en muchos sentidos como opuesta a lo que fue Pacto de Olivos; porque mientras que el Pacto de Olivos orientó las políticas hacia un estado protector y colectivista, el espíritu del Pacto de Mayo pretende orientarlas hacia un estado mínimo, y entender que alcanzar un estado de bienestar debe quedar librado al esfuerzo y el mérito personal de cada individuo.
Aunque el gobierno lo presentó como una iniciativa novedosa, los 10 puntos que lo componen tienen la misma esencia que el viejo Consenso de Washington. El Consenso de Washington (de 1989) es un conjunto de diez recomendaciones de política económica, cuyo objetivo era orientar a los países en desarrollo inmersos en la crisis económica para que lograsen salir de la misma. Se trató de un conjunto de fórmulas económicas neoliberales impulsadas por varios organismos financieros internacionales. Los 10 pilares de dicho consenso consistían en: Disciplina fiscal, Reorientación del gasto público, Reforma tributaria, Tipo de cambio competitivo, Comercio libre, e Inversión extranjera directa.
En definitiva, este nuevo pacto, que podríamos identificar con las llamadas “reformas de primera generación” (Consenso de Washington), que iban desde la liberalización del sistema financiero, a los procesos de privatización de las empresas públicas, la apertura comercial y la desregulación de controles, ya fueron implementadas en nuestro país durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, que en principio dieron lugar a un período de crecimiento económico y bienestar de los argentinos, pero que en el largo plazo por razones más de índole política que económicas, derivaron en la crisis del 2001.
Más allá de lo mencionado anteriormente, estamos ante una nueva oportunidad en la que, aunque parezca que estamos repitiendo la historia, el final podría ser completamente distinto, si esta vez la prioridad se centra en el consenso y la unidad de todos los argentinos, y no en los intereses del vetusto e ineficiente sistema político que se ha ido instaurando en las últimas décadas en nuestro país.
La paradoja de todo esto, es que el mismo sistema político que necesita cambiarse es el que tiene que tomar la decisión de despojarse de sus propias prebendas y privilegios, para evitar que se repitan los errores del pasado
